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Cada 17 de octubre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, una fecha que nos invita a reflexionar sobre una de las más persistentes y dolorosas desigualdades que atraviesan nuestras sociedades: la privación de recursos, oportunidades y derechos que impide a millones de personas vivir con dignidad.
La pobreza, es una condición multidimensional que afecta las posibilidades de participación social, el acceso a la educación, la salud, la vivienda y el trabajo. Es, además, un fenómeno relacional que genera exclusión y reproduce círculos de vulnerabilidad que se transmiten de una generación a otra.
En Chile, las cifras oficiales muestran avances importantes en la reducción de la pobreza durante las últimas décadas. Sin embargo, las crisis recientes: sanitaria, económica, y social han evidenciado que las brechas estructurales persisten y se requiere con urgencia fortalecer el sistema de protección social chileno. No basta con medir la pobreza: es indispensable comprender sus causas estructurales, reconocer la diversidad de experiencias que viven las personas y comunidades y repensar nuestras políticas públicas para que respondan a esas realidades desde una lógica de equidad y justicia social y sean menos focalizadas y reactivas, como suele ocurrir generalmente.
En la Región del Biobío, la Encuesta CASEN 2022 reveló que la pobreza por ingresos alcanza un 6,5 %, mientras que la pobreza multidimensional, llega al 16,9 %. A estas cifras se suman las del mercado laboral, que muestran un escenario preocupante: según el Instituto Nacional de Estadísticas, en el trimestre junio-agosto de 2025 la tasa de desocupación regional llegó al 9,9 %, con una brecha de género: 10,6 % en mujeres frente a 9,4 % en hombres.
En el Gran Concepción, la situación no es muy distinta, reflejando las dificultades estructurales del mercado laboral, marcado por la informalidad, precarización e inestabilidad de los ingresos. Estos datos muestran que persisten espacios de fragilidad: familias que aún viven con múltiples carencias, personas sin acceso sostenible al empleo, servicios básicos con deficiencias, y una región que, continúa por sobre algunos promedios nacionales en términos de vulnerabilidad.
Erradicar la pobreza es un desafío colectivo que exige la articulación del Estado, las universidades, las empresas y la ciudadanía. Más que un objetivo de desarrollo, es una obligación ética que demanda voluntad política, compromiso social y la convicción de que el bienestar de una comunidad se mide por la dignidad de todas las personas que la integran.
